El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Madrid ha sentenciado que el Ayuntamiento de Móstoles vulneró los derechos fundamentales de Gabriel Ortega, portavoz del grupo municipal de Más Madrid Ganar Móstoles, al negarle el acceso a información a la que tenía derecho como concejal y miembro del Consejo de Administración de Móstoles Desarrollo.
La petición de información solicitada hacía referencia a las contrataciones realizadas por la empresa municipal, y el conflicto se enquistó en junio de 2021 durante la celebración del Consejo de Administración de la empresa pública, cuando Ortega y la concejala del PP Mercedes Parrilla tuvieron que requerir la presencia de la Policía Local para que levantara acta ante la negativa de la dirección de Móstoles Desarrollo a facilitar información sobre la categoría profesional y el salario de una trabajadora. Gabriel Ortega ha declarado que con este sentencia “ha quedado demostrado que el Ayuntamiento de Móstoles ha vulnerado mis derechos fundamentales por pedir detalles sobre unas de las contrataciones a dedo que se han producido en esta empresa municipal. Ahora que la justicia me ha dado la razón, espero que por fin se me haga entrega de la información que llevo solicitando desde mayo de 2021”, ha añadido.
Tal y como explicaron a Móstoles Actualidad ambos concejales, en diciembre de 2020 se acordó en Junta General de Accionistas el sueldo a percibir por esta trabajadora y su categoría profesional, si bien existían sospechas en ambas formaciones de un presunto cambio que supondría que esta empleada pasara de cobrar 1.700 euros a percibir cerca de 3.000.
“Tenemos la firme sospecha, bastante acreditada, de que se está incumpliendo y se está cometiendo un fraude con el salario y la categoría de esta trabajadora que, a pesar del acuerdo en Junta General de Accionistas, tiene categoría de técnico y está cobrando 2.900 euros, por lo que pediremos todas las nóminas desde enero y que devuelva el dinero de más, además de las debidas responsabilidades de sus superiores”, señalaba Ortega.
Por su parte, Mercedes Parrilla apuntaba que en el Consejo de Administración se pidió información a este respecto con el objetivo de que la dirección de la empresa “certificase que esa persona está en la misma categoría y con el mismo sueldo que se acordó en la Junta General”, toda vez que “Ganar Móstoles apoyó los presupuestos condicionando precisamente su apoyo a que al director técnico y a esta trabajadora no se les subiera el sueldo”.
La situación llegó a tal extremo que la consejera delegada instó a los dos ediles de la oposición a acudir al departamento de Administración para pedir esta documentación, si bien “cuando fuimos todo estaba cerrado a cal y canto”, señalaba Parrilla.
Ante estos hechos, Gabriel Ortega optó por pedir la presencia de la Policía Local. “Como consejero con responsabilidad penal, tengo derecho a saber quién es quién en la plantilla, el puesto que ocupa y su salario, y si se está cumpliendo el acuerdo alcanzado en Junta General de Accionistas en diciembre, específico sobre el salario y categoría de esta señora, en el que se le fijó una categoría de administrativo y un salario de 1.700 euros”, indicaba Ortega.
