El pasado 26 de mayo, el PSOE de Móstoles revalidaba la victoria en las urnas y abría con ello la puerta al proyecto continuista iniciado por Noelia Posse cuando, tras la renuncia de David Lucas y las maniobras del PSOE-M, se alzaba con el poder allá por enero de 2018.

El triunfo electoral de los socialistas no fue suficiente, sin embargo, para poder constituir un Ejecutivo con mayoría, ni siquiera para (tal y como ocurre en Getafe) poder impulsar un Gobierno en minoría. De este modo, Móstoles volvió a contar con un tripartito al frente del Consistorio, conformado por PSOE, Ganar Móstoles y Podemos para, a priori, dotar al Ayuntamiento de estabilidad de cara a los siguientes cuatro años.

En los próximos días se cumplirán seis meses desde la celebración de los comicios. Casi 180 días en los que Móstoles ha sido noticia por las polémicas generadas a raíz de los discutidos nombramientos de la regidora y las acusaciones de nepotismo que pesan sobre ella.

Cronología

La primera decisión controvertida tuvo lugar apenas un mes después de los comicios. En el primer Pleno, se aprobó una subida salarial de la regidora y del resto de concejales de la Corporación. En el caso de Posse, pasaba así de cobrar 70.236,59 euros anuales a 82.000, produciéndose un incremento de la masa salarial del 16,75 por ciento. Poco después, a la vuelta del verano, comenzaban los problemas a causa de los nombramientos. En primer lugar, la alcaldesa creaba un puesto ‘ad hoc’ como responsable de redes sociales del Ayuntamiento y nombraba para ello a su propia hermana, mientras que paralelamente trascendía el ascenso de su tío, trabajador del área de Cultura, como coordinador de Deportes con un incremento salarial de 1.600 euros al mes. Tras revocar la designación de su hermana y después de la renuncia de su tío, las aguas no volvieron a su cauce.

En los días sucesivos, saltaban noticias sobre nombramientos cuanto menos cuestionables, en muchos casos de personas cercanas a la alcaldesa o con dudosas capacidades para el puesto a desempeñar. Así ocurrió con el gerente del IMS, Luis Vázquez, dentista de profesión y que, en su etapa anterior, firmó un contrato blindado con la Universidad Rey Juan Carlos con una indemnización de 300.000 euros. La coordinadora de Alcaldía, y amiga de la alcaldesa, fue la siguiente en dimitir después de conocerse la relación de amistad entre ambas.

En el área de Urbanismo, los escándalos salpicaron al gerente y a la coordinadora general, con contrataciones presuntamente irregulares.