El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia que anula el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S, por no estar de acuerdo con los motivos dados por el demandante.


El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid recoge que, en julio de 2018, este excargo del Consistorio denunció un caso de presunta corrupción en el Consistorio y que, “horas después”, fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de “hostigamiento”.

Este hecho, “fundamental” a ojos de la juez para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese, ha quedado demostrado a lo largo del juicio, dice, por lo que condena también obliga al Ayuntamiento a abonar una indemnización por daños morales de 8.000 euros, justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante.


Cargo de confianza


El Gobierno local ha mostrado su desacuerdo con las causas del cese que alega el denunciante. “Un cargo de confianza se nombra y se cesa a petición del concejal responsable del área a la que está asignado”, ha subrayado a Europa Press el actual edil de Hacienda, Aitor Perlines.

En este caso, prosigue Perlines, fue solicitado por el entonces responsable del área, Javier Gómez, que ya no forma parte de la actual Corporación municipal. Además, según incide, también el Ministerio Fiscal coincide con la defensa del Ayuntamiento. “El cese de un cargo de libre designación tiene carácter discrecional, y no de sanción, por lo que no resulta posible que se vulneren sus derechos como trabajador”, ha añadido.

Algo que se refleja en la sentencia que recoge que la Fiscalía solicitó la desestimación de la demanda al entender que el puesto ocupado por el demandante era, precisamente eso, un cargo de libre designación, por lo que “no apreciaba” la citada vulneración.

Indicios

La magistrada establece en el auto que los acontecimientos acaecidos con anterioridad al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y el cese acto, además de la actitud que tuvo la alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles, Noelia Posse, ante la implicación de aquel en la denuncia penal constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia por la demanda.

Al respecto, expone que existe una grabación aportada a la causa en la que Posse, con otros cargos donde, pone de manifiesto a que conocía la denuncia penal y la “insostenible” situación del funcionario.

La juez señala en la sentencia que, al margen del “deber” de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas. Es decir, “actuando no sólo en cumplimiento de sus deberes como empleado público, sino también en defensa de sus intereses legítimos”.