La polémica sigue rodeando a la empresa municipal Móstoles Desarrollo, cuya gestión por parte del Gobierno local que encabeza Noelia Posse continúa protagonizando episodios rocambolescos y dantescos.

A las pérdidas millonarias, los ceses y despido de trabajadores y profesores y los nombramientos cuestionables en su cúpula, hay que añadir el penúltimo conflicto vivido en el Consejo de Administración celebrado el pasado lunes.

En dicho Consejo, los ediles Gabriel Ortega (Ganar Móstoles) y Mercedes Parrilla (PP), también consejeros de dicha empresa, tuvieron que requerir la presencia de la Policía Local para que levantara acta ante la negativa de la dirección de Móstoles Desarrollo a facilitar información sobre la categoría profesional y el salario de una trabajadora.

Tal y como han explicado a Móstoles Actualidad ambos concejales, el pasado mes de diciembre se acordó en Junta General de Accionistas el sueldo a percibir por esta trabajadora y su categoría profesional, si bien existen sospechas en ambas formaciones de un presunto cambio que supondría que esta empleada haya pasado de cobrar 1.700 euros a percibir cerca de 3.000.

“Tenemos la firme sospecha, bastante acreditada, de que se está incumpliendo y se está cometiendo un fraude con el salario y la categoría de esta trabajadora que, a pesar del acuerdo en Junta General de Accionistas, tiene categoría de técnico y está cobrando 2.900 euros, por lo que pediremos todas las nóminas desde enero y que devuelva el dinero de más, además de las debidas responsabilidades de sus superiores”, ha señalado Ortega.

Por su parte, Mercedes Parrilla ha explicado que en el Consejo de Administración se pidió información a este respecto con el objetivo de que la dirección de la empresa “certificase que esa persona está en la misma categoría y con el mismo sueldo que se acordó en la Junta General”, toda vez que “Ganar Móstoles apoyó los presupuestos condicionando precisamente su apoyo a que al director técnico y a esta trabajadora no se les subiera el sueldo”.

El PP de Móstoles, de hecho, viene denunciando desde hace tiempo el “oscurantismo” y el “cerrojazo de información” existente en la empresa municipal, algo que se evidenció el pasado lunes.

La situación llegó a tal extremo que la consejera delegada instó a los dos ediles de la oposición a acudir al departamento de Administración para pedir esta documentación, si bien “cuando fuimos todo estaba cerrado a cal y canto”, señala Parrilla.

Ante estos hechos, Gabriel Ortega optó por pedir la presencia de la Policía Local. “Como consejero con responsabilidad penal, tengo derecho a saber quién es quién en la plantilla, el puesto que ocupa y su salario, y si se está cumpliendo el acuerdo alcanzado en Junta General de Accionistas en diciembre, específico sobre el salario y categoría de esta señora, en el que se le fijó una categoría de administrativo y un salario de 1.700 euros”, indica Ortega.

“Se negaron a darnos la información, la presidenta nos mandó al departamento de Administración, subimos y la responsable nos dijo que no podía darnos esa información. Como no se cumplía un precepto legal de un derecho que tenemos como consejeros, decidimos llamar a la Policía Local para que levantara acta y tomar las medidas que estimemos oportunas”, concluye Ortega.

Cuatro gerentes en un año

El pasado lunes, Móstoles Desarrollo nombró a un nuevo gerente, el cuarto en apenas un año, algo que el PP local ha criticado calificándolo como una política de personal “basada en el miedo y la presión, que está originando graves costes emocionales y cuantiosos costes económicos”.

Según la portavoz de los populares, Mirina Cortés, “desde el cese fulminante de la gerente Blanca Tomás, se han sucedido las dimisiones por ‘motivos personales’ en esta empresa municipal”, algo que “es consecuencia de una política de personal errática basada en el miedo y la presión”.

Además, “el nombramiento del nuevo gerente se produce de manera precipitada y sin que se les adjuntara a los consejeros la información previa y necesaria que debe acompañar a la convocatoria del Consejo de Administración”, algo que redunda en “la inestabilidad de una empresa cuyo papel es clave para la promoción del empleo y la economía en la ciudad”.