La Justicia ha asestado un duro varapalo al Gobierno municipal, en forma de sobreseimiento y archivo de la causa impulsada por el Ejecutivo de Noelia Posse contra el PP de la ciudad por los presuntos sobrecostes detectados por una auditoría municipal en las obras de construcción del pabellón Andrés Torrejón.
El Gobierno local encargó a una empresa externa, a través del Instituto Municipal del Suelo (IMS), una auditoría de este proyecto, escrito que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y en virtud del cual el Ayuntamiento de Móstoles ponía en conocimiento de la autoridad judicial los antecedentes del proyecto “y los descuadres entre la obra certificada y pagada y la obra efectivamente ejecutada, un total de 4,2 millones de euros”, según detallaba el Consistorio en un comunicado.
Ese escrito, entre sus Fundamentos de Derecho, indicaba la posible prevaricación cometida por la emisión de certificaciones de obra por encima del porcentaje de obra efectivamente ejecutada, y sugería otros posibles delitos como la malversación de caudales públicos, el cohecho, la estafa y la posible organización criminal en relación con los sobrecostes del contrato. Tras conocerse el archivo de la causa, fechado el pasado mes de octubre y que el Gobierno municipal “ha ocultado deliberadamente”, los populares han insistido en “el uso de los recursos públicos por parte del Gobierno municipal del PSOE con fines partidistas y para atacar y difamar al PP”. “El Gobierno decidió contratar una auditoría que viniera a avalar la tesis interesada del gobierno PSOE-Podemos, y en la que apoyarse para orquestar una campaña de difamación y calumnias con acusaciones de graves delitos contra el PP”, apuntan.
170.000 euros
La presentación del informe de dicha auditoría ante la Fiscalía dio inicio a un proceso judicial que ha dictado una sentencia de sobreseimiento y archivo. Además, dicho proceso judicial “ha supuesto la excusa de este Gobierno para abandonar y paralizar las obras del Pabellón, hecho que sin duda ha ocasionado un grave deterioro, del que es responsable únicamente este gobierno PSOE-Podemos y por el que tendrán que responder ante los ciudadanos”, indica el PP.
El concejal Alberto Rodríguez de Rivera ha anunciado asimismo que “el PP exigirá al Gobierno municipal que se reclame a la empresa auditora, además de los costes judiciales, el importe del pago por 169.000 euros realizado por el IMS a la misma”, a la vez que reclamarán “que se repare el daño moral por las graves acusaciones vertidas sobre el PP, técnicos y directivos del IMS, así como la publicación de dicha sentencia en los mismos medios de comunicación en los que se publicó la denuncia”.
Audiencia Provincial
Por su parte, la concejala socialista María Luisa Ruiza ha explicado a Móstoles Actualidad que el archivo de la causa “está recurrido en la Audiencia Provincial” porque desde el Gobierno municipal “se considera que el auto no valora el posible desfase de 3,8 millones de euros”.
“Si el PP tiene pruebas de que esa auditoría no se hizo de forma ajustada a la ley, debería haberlo denunciado en su momento, pero ya sabemos que al PP solo le valen las sentencias cuando le son favorables”, ha recalcado.
