El Ayuntamiento de Móstoles sigue envuelto en la causa judicial tras la controvertida decisión de la anterior Junta de Gobierno presidida por Noelia Posse (PSOE) de conceder una quita del 50% de la deuda y reducir el canon anual a la empresa ITV Móstoles.
A pesar de los impagos de la concesionaria, la empresa solicitó al Ayuntamiento la condonación total de los recargos y costas, un pago único de 400.000 euros por las cantidades adeudadas en años anteriores y un fraccionamiento en el pago del resto de la deuda.
A pesar de los informes contrarios, en varias ocasiones los acusados, entre ellos la concejala Delegada de Urbanismo y Patrimonio y el Tesorero Municipal, propusieron y aprobaron reducir la deuda y el canon anual de la concesionaria.
Esta decisión se tomó a pesar de las advertencias sobre la ilegalidad de la misma y los perjuicios económicos que ocasionaría al Ayuntamiento de Móstoles.
La Fiscalía, en su escrito de acusación al que ha tenido acceso Móstoles Actualidad, considera que estos hechos constituyen un delito de prevaricación por parte de los acusados, quienes habrían actuado en contra del ordenamiento jurídico y en beneficio de la empresa concesionaria.
En base a ello, solicita la apertura de juicio oral y una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de los acusados, así como la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Los acusados, además de la exalcadesa Noelia Posse, son los miembros de la Junta de Gobierno que aprobaron esta quita, además del tesorero del Ayuntamiento, Francisco Javier Torner, y el exconcejal de Hacienda Aitor Perlines.
Así, se encuentran imputados como presuntos autores, además de los citados, David Muñoz Blanco, Rebeca Prieto Moro, Alejandro Martín Jiménez, María Luisa Ruiz González, María Dolores Triviño Moya, Beatriz Benavides Fuster (ya jubilada) y Natividad Gómez Gómez.
