La parte que representa a Ganar Móstoles en el caso ITV solicita una pena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación para Noelia Posse, del PSOE, por presuntamente haber cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos al condonar una deuda de más de 2 millones de euros a la empresa concesionaria.

El caso se encuentra en la etapa intermedia después de que la jueza a cargo haya propuesto juzgar a la exalcaldesa de Móstoles y a ocho de sus colaboradores solo por prevaricación. Sin embargo, la parte acusadora ha apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid para incluir también el cargo de malversación.

Esta parte destaca el daño económico al Ayuntamiento, argumentando que no solo se trató de la disposición de fondos públicos que favorecían directamente a la empresa acusada, sino que también se sabía que el acuerdo era ilegal, ya que se debió resolver la concesión y exigir el pago de la deuda pendiente con sus intereses y costos, junto con una nueva licitación de la concesión.

En su presentación, la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada pide una condena de 12 años de inhabilitación para los acusados. El mes pasado, la jueza a cargo del caso dictaminó continuar con la investigación preliminar sobre once personas investigadas, incluyendo a un funcionario y un empresario.

La jueza resaltó el perjuicio causado a las arcas públicas debido al acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local en octubre de 2020, que aprobó de forma urgente reducir la deuda del concesionario en un 50%, el canon anual y aplazar el resto de la deuda hasta 2040 a razón de 30,000 euros anuales.

La Fiscalía señaló que, a pesar de contar con un informe desfavorable del Interventor que alertaba sobre la ilegalidad del acuerdo, este fue aprobado por unanimidad, y se adoptó con el único informe favorable de Francisco Javier Torner, quien carecía de las facultades para emitirlo, presentándolo como urgente para evitar otros informes preceptivos contrarios.

Como resultado, los acusados causaron un perjuicio económico al Ayuntamiento al condonar una parte de la deuda y reducir el canon anual. Además, la empresa ITV Móstoles, S.L., administrada por Mónica Ramírez Moreno Manzanero, se benefició del acuerdo, ya que lo solicitó sabiendo de su ilegalidad.