La alcaldesa de Móstoles y los cinco concejales del PSOE que han resultado imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación al condonar una deuda de 2,5 millones de euros a una empresa privada deberían dimitir inmediatamente, según consta en el código ético del PSOE.
Según se recoge en este documento, que puede consultarse en la página web de la formación socialista, consta que “el Partido Socialista Obrero Español asume el compromiso firme de liderar el proceso de limpieza y calidad democrática en la política española, enfrentándose a cualquier forma de corrupción pública derivada de la prevalencia de los intereses particulares sobre el interés general y acuerda este código ético para regular el comportamiento público de sus militantes y para que el desempeño de las funciones de sus cargos se desarrolle conforme a unos principios comunes”.
Ahondando más en el código ético redactado en 2014, el punto 5 del mismo se refiere concretamente a la ‘actuación en caso de implicación en procedimientos judiciales’, y en el apartado 5.2 recoge literalmente lo siguiente: “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Ninguno de estos ediles socialistas investigados por los presuntos casos de prevaricación y malversación -Noelia Posse, David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín, María Luisa Ruiz, María Dolores Triviño y Beatriz Benavides (esta ya jubilada)- han presentado su dimisión pese a tener que declarar próximamente (la alcaldesa ya lo ha hecho), y el partido tampoco ha tomado hasta la fecha cartas en el asunto, desoyendo desde ambas partes el código ético del PSOE.
Fuentes del Gobierno local han querido puntualizar a este medio que no existe juicio oral abierto contra ninguno de los ediles, y que el caso está en fase de instrucción con los concejales citados a declarar como investigados.
