El Gobierno local, formado por PSOE y Podemos, perderá cerca de 20 millones de euros destinados a la ejecución de proyectos por no presentar en tiempo y forma un nuevo presupuesto para el presente ejercicio 2023 y tener, de este modo, que prorrogar las cuentas del pasado ejercicio.

Así lo ha denunciado el PP local a través de su candidato, Manuel Bautista, quien ha mostrado su indignación “al constatar que, por primera vez, no se ha presentado un proyecto de presupuesto en el Ayuntamiento para el ejercicio de 2023”.

“Este hecho denota que no existe intención por parte del Gobierno municipal de Móstoles de tramitar un proyecto de presupuestos para el presente ejercicio”, lo cual “ha desembocado en una prórroga presupuestaria que tiene consecuencias perjudiciales para la actividad política y económica del Consistorio y, por lo tanto, para los vecinos”.

En este sentido, el PP local recuerda que “no todas las partidas presupuestarias son prorrogables”, por lo que esta decisión del Ejecutivo de Noelia Posse tendrá consecuencias negativas, como “la inexistencia del programa de inversiones con una baja de 18 millones de euros, no pudiendo acometerse nuevos proyectos; o que las AMPAS, los clubes y asociaciones deportivas, las Asociaciones Vecinales, la Asociaciones Sociosanitarias, las culturales y los Sindicatos y demás entidades incluidas en la base de ejecución 103 del Presupuesto Municipal de 2022, no percibirán los 2.059.080 de euros pertenecientes a las subvenciones nominativas en este ejercicio”.

Además de todo ello, la prórroga presupuestaria también arroja dudas sobre el cumplimiento del Plan de Ajuste. “La no actualización del Plan de Ajuste, tras el acuerdo de modificación de las ordenanzas fiscales, crea inseguridad jurídica en cuanto a la posible bajada del IBI al 0’56”, explican los populares.

“Las razones que justifican esa prórroga presupuestaria son la ausencia absoluta de planificación de la actividad local; la incapacidad de gestión presupuestaria evidenciada por la ausencia de un proyecto o anteproyecto de presupuesto; la incapacidad política para llegar a negociar acuerdos con otras fuerzas políticas, singularmente las denominadas por ellos mismos progresistas; y finalmente, la falta de acuerdo entre los dos grupos políticos que conforman el Gobierno local y que, junto a los votos evidentes de los no adscritos, hubieran dado la aprobación del mismo, salvo que se trate, como es el caso, de un Gobierno roto cuya coalición se sostiene en y por la nómina”, subraya Bautista.