Desde que Noelia Posse cogiera las riendas del Gobierno municipal, el foco ha estado puesto constantemente en su cuestionable gestión y en sus controvertidas decisiones. La idea de la regidora de colocar a Móstoles en el panorama nacional ha funcionado, aunque por motivos muy alejados de los recomendables.

La ciudad proyecta una imagen nefasta desde que Posse dirige sus designios, fruto del sinfín de casos de nepotismo y enchufismo de los que hizo gala a principios de legislatura y que se han saldado sin consecuencias para ella.

Pero no solo éste ha sido su caballo de batalla. Las decisiones han salpicado al Gobierno local, con constantes remodelaciones y cuentas pendientes saldadas en forma de ceses, pero también se han dejado notar en las empresas municipales, como es el caso de Móstoles Desarrollo.

En el caso que nos ocupa, la situación se remonta a febrero de 2019. Por aquel entonces, el BOCM publicaba las bases para la creación de una bolsa de empleo para formadores, que debían impartir cursos bajo el paraguas de Móstoles Desarrollo a desempleados tanto jóvenes como adultos para la obtención de certificados de profesionalidad.

Tal y como cuenta uno de los afectados a Móstoles Actualidad, en diciembre de ese mismo año la dirección de la empresa decide que, de cara al año 2020, “ya no se contratará de forma mercantil a los docentes, sino con contratación laboral”. Se produce entonces una reunión informativa en la que se comunica a los profesores que las condiciones son inamovibles y se les invita a aceptarlas o a abandonar el barco. “Este cambio obligado supone una pérdida respecto de los salarios acordados en la bolsa de empleo de un 30-40% para los docentes afectados”, explica este profesor.

La situación, como es lógico, generó malestar en buena parte de los afectados, que llegaron a remitir cartas a la dirección de la empresa exigiendo una solución ecuánime. No obstante, el siguiente paso del Gobierno de Posse fue cesar a la gerente de Móstoles Desarrollo, Blanca Tomás, y después de varios vaivenes optaron por colocar en la empresa pública a la esposa de un exconcejal socialista y varias personas más afines a la nueva cuerda socialista.

En julio, este profesor es llamado para retomar un curso que había sido aplazado por el Covid-19. “Ya con contrato laboral firmado, reclamo según convenio mi derecho a la antigüedad por haber trabajado en administraciones públicas como se me había reconocido en otros municipios, pero en el municipio de Móstoles, donde he trabajado más de 14 años, no se me quiere reconocer”, subraya.

Represalias

Otra de las profesoras, ya con contrato laboral a principios de año, es “invitada” a firmar la baja voluntaria cuando se suspenden las clases por el Covid en marzo de 2020. Al negarse, ya no vuelven a contar con ella cuando se reanudan las clases en verano.

En este contexto, la madre de este profesor es ingresada en el Hospital de la localidad, por lo que decide solicitar los tres días que le corresponde por convenio para poder cuidar de ella. Cuando se reincorpora a su puesto de trabajo, el 16 de julio de 2020, Móstoles Desarrollo le hace llegar un burofax en el que se le comunica su cese “por no haber superado el periodo de prueba”. La criba, no obstante, continúa.

Despiden a la excoordinadora de Formación y a otra técnica de Empleo, ambas con más de 25 años de antigüedad, y a ello se suma, según los testimonios recabados por este periódico, que “están haciendo bullying laboral a otros compañeros de Móstoles Desarrollo, destrozando psicológicamente a más de uno que se ven abocados a coger bajas por depresión y, mientras, hacen contratos indefinidos a los temporales que se han prestado al juego de los de arriba sin ningún escrúpulo”.

La situación afecta a una veintena de profesores, algunos de los cuales han optado por recurrir a la vía judicial, pero también es extensiva a unos pocos trabajadores de la plantilla de Móstoles Desarrollo que se encuentran intimidados por rebelarse contra esta forma de actuar. Otros, sin embargo, han optado por no tomar partido y elegir la indiferencia.

Adaptarse a las necesidades

Por su parte, fuentes municipales han explicado a Móstoles Actualidad que las decisiones adoptadas tenían por finalidad “regularizar” determinadas situaciones para adaptar los servicios a las nuevas necesidades y las nuevas realidades tras la pandemia.

En este sentido, han aclarado que, en el caso concreto del trabajador despedido por no superar el periodo de prueba, se debió a que éste necesitó más días de los que le correspondían, y eso podía suponer la pérdida de la financiación del curso que estaba impartiendo. “Se han tenido que regularizar determinadas situaciones para adaptarlas a un nuevo contexto que ha obligado a un ajuste de personal por la caída de las necesidades”, apuntan estas mismas fuentes.