La obcecación de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, por celebrar a cualquier precio el polémico festival Amanecer Bailando sigue pasando factura a la ciudad.
Cuando se cumplen dos años de la organización de este macroevento de música electrónica que chocó frontalmente con el rechazo vecinal y de los partidos políticos de la oposición (incluso del por entonces socio de Gobierno de Posse, Ganar Móstoles), los costes que ha supuesto para la localidad siguen presentes y más vigentes que nunca.
No en vano, la duda se cierne sobre la gestión del Ejecutivo socialista a este respecto, en especial en lo referente a la tasa complementaria por ocupación de espacio público, una cantidad que asciende a cerca de 150.000 euros y que, dos años después, sigue sin abonarse y sin reclamarse a la empresa.
El Ayuntamiento prefiere dar la callada por respuesta, y se ha negado en reiteradas ocasiones a aclarar a Móstoles Actualidad en qué situación se encuentra este asunto y cuál es el motivo por el cual el Gobierno municipal no insta a la promotora a abonar dicha tasa.
El silencio no hace sino alimentar las sospechas. A las reparaciones del parque de Prado Ovejero que tuvo que asumir el Gobierno municipal (y que en base al convenio con la empresa debía acometer ésta) se suma la liquidación complementaria de la citada tasa por ocupación de espacio público que, de acuerdo al cálculo efectuado por la Inspección Fiscal, asciende a un total de 147.473 euros y que la organizadora no ha satisfecho a día de hoy.
Un dinero público de todos los mostoleños y mostoleñas que el Consistorio no percibe y que, a tenor de los hechos, parece no querer percibir. Y esto es, precisamente, lo que más recelos genera.
En abril de 2019, el por entonces segundo teniente de Alcalde y portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, por entender que el tesorero municipal y director general de Gestión Tributaria y Recaudación podría haber incurrido en los delitos de prevaricación administrativa y administración desleal, dado que en el convenio se estipulaba que el pago de la tasa se debía de haber realizado antes del montaje y no a posteriori y en dos tiempos, como finalmente se gestionó, y que además la cantidad a satisfacer era muy superior a la reclamada (los 147.000 euros que aún están pendientes de satisfacer).
La denuncia fue archivada después de que el tesorero reconociera que la situación no estaba resuelta pero se comprometiera a resolverla. Un año después de ese compromiso ante la fiscal, lo cierto es que nada ha cambiado.
Un festival polémico
El 8 de septiembre de 2018, el parque Prado Ovejero fue testigo de la primera (y última) edición del festival en suelo mostoleño, después de que el Gobierno municipal de Posse vendiera a bombo y platillo las bondades de un evento que, ya desde su anuncio, provocó las reticencias de los colectivos vecinales.
El emplazamiento original debía ser el parque natural de El Soto, pero las presiones obligaron a la regidora a buscar una nueva ubicación para este macroconcierto con una previsión de unos 25.000 asistentes.
Tras conocerse este nuevo enclave, formaciones como Podemos Móstoles (socio de Gobierno a día de hoy del PSOE) también mostraron su desacuerdo por un evento “que podría causar la destrucción del parque, en el cual el Ayuntamiento ha invertido varios millones de euros para poder disfrutarlo en la actualidad”.
La instalación de pantallas acústicas no fue efectiva a la hora de disipar las altas cotas de ruido que tuvieron que soportar los vecinos durante las 17 horas de duración del festival desde sus casas situadas a escasos 50 metros del evento, además del fracaso de las medidas para evitar el botellón que se extendió por distintas calles y parques aledaños. Orines, basura y un gran deterioro que se sumaron a un nivel de ruido que superó con creces el máximo permitido y que acabaron dando la razón a las distintas agrupaciones vecinales que, durante meses, se manifestaron en contra de su celebración.
La empresa (Family Club Since 1995) se embolsó por este festival cerca de un millón de euros.
Facturas pendientes
Las sospechas en torno a este festival siguen acuciando al Gobierno municipal a día de hoy. Tras su celebración, llegó el momento de asumir responsabilidades a pocos meses de las elecciones municipales de mayo de 2019, lo que dio lugar a hechos rocambolescos.
El pasado mes de marzo, eldiario.es publicaba que el Gobierno de Posse adjudicó a dedo de forma irregular y saltándose la ley de contratación del sector público las labores de limpieza del parque Prado Ovejero, que debía asumir la empresa organizadora en base al convenio suscrito con el Consistorio.
Así, según unos audios publicados por este medio y atribuidos a funcionarios del Ayuntamiento de Móstoles, quedaría acreditado que el Ejecutivo socialista recurrió a “contratos verbales” por valor de casi 80.000 euros con determinadas empresas para proceder a la limpieza de este parque.
No existen aparentemente contratos ni expedientes de contratación, lo que no contribuye a disipar las dudas, más bien al contrario.
Desde el PP mostoleño explican que la empresa “ha incumplido todos los compromisos que adquirió y además dejó un reguero de destrozos e impagos que los mostoleños van a tener que asumir, ante la impasividad y
la permisividad de la alcaldesa”.
